Después de haber recibido varias críticas y admitido un centenar de enmiendas por parte de diferentes asociaciones y partidos de la oposición, la ley de internet finalmente ha sido aprobada por el pleno del Congreso de los Diputados. Esta ley pretende incorporar al derecho español la directiva europea sobre comercio electrónico y sentar las bases para regular las actividades realizadas a través de Internet y de las nuevas tecnologías. Es decir, su objetivo es lograr un marco jurídico que garantice la protección de los derechos de los usuarios.

Para ello habilita a la Administración a adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa la prestación de un servicio en la red que atente contra el orden público, la seguridad, la protección de la salud, el respecto a la dignidad de las personas, la protección de la juventud y la infancia, el respecto a la dignidad, la no discriminación y la defensa nacional. Aunque la ley sólo autoriza a los órganos jurisdiccionales a adoptar y ejecutar la decisión de cerrar una página web o retirar informaciones que estén disponibles en la red que atenten contra los principios establecidos en la ley, los partidos políticos de la oposición presentaron enmiendas en las que se insiste que se clarifique que no existirá posibilidad de censura de estos contenidos por parte de la Administración.

El proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) también recibió enmiendas por parte de otras asociaciones y entidades, como la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) y la Asociación de Internautas, por considerar que el texto original abría la puerta a la intervención del Estado para censurar los contenidos de Internet. Estas dos asociaciones calificaron de satisfactorio el texto final del proyecto, al igual que CIU, que apoyó al Partido Popular en la aprobación de la ley en el pleno del Congreso de los Diputados, mientras que Izquierda Unida sigue afirmando que el texto final es ambiguo.

Por lo que se refiere a la publicidad comercial a través de correo electrónico, la Asociación Española de Comercio Electrónico (AECE) ha protestado firmemente contra la prohibición que la futura norma impone al envío de publicidad no solicitada a través del correo electrónico. Las empresas integradas en AECE se consideran especialmente perjudicadas por este aspecto de la llamada ley de Internet, porque las restricciones, según ellos, van más allá de las que impone la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de 1999, ya que esta ley orgánica establece que para recibir publicidad es necesario el consentimiento inequívoco e informado del titular, mientras que la nueva ley sólo habla de consentimiento previo y expreso. Los empresarios del sector insisten en que estas palabras van a hacer muy difícil el desarrollo de su actividad. La AECE reclama que el envío masivo de publicidad a través del correo electrónico se regule a través de la Ley de Protección de Datos.

Por otro lado, las empresas que realizan actividades de comercio electrónico con carácter económico están empezando a adaptar su web a la nueva ley de internet, ya que ésta establece que deberán incluir en sus páginas información transparente sobre su actividad para que cualquier usuario pueda identificarlas. Así, en ningún caso podrá obviarse el nombre o denominación social de la empresa titular de la web o del prestador de servicios de la sociedad de la información. Además no podrán faltar la dirección de correo electrónico ni cualquier otro dato que permita establecer con él una comunicación directa y efectiva.